Dios ama la justicia y el derecho

“Dios ama la justicia y el derecho” (Salmo 33,5)
Comunicado de la Conferencia Episcopal de Guatemala Guatemala,
6 de noviembre de 2016

Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala, conscientes de que la promoción de la paz en nuestro país es parte integrante de nuestra misión, dirigimos al pueblo católico y la sociedad guatemalteca en general, las siguientes reflexiones, fundamentadas en la Doctrina Social de la Iglesia.

  1. Percibimos una parálisis institucional, en los tres poderes del Estado, que se manifiesta de diversas maneras. En el ejecutivo percibimos graves dificultades para llevar adelante acciones concretas. En el legislativo hay bloqueos dentro de los diputados y señalamientos graves contra no pocos de ellos. En el judicial vemos rezagos enormes que impiden llevar adelante una justicia pronta, imparcial y ajena a injerencias de poderes externos e internos.
  2. Como lo expresábamos en el Comunicado “Nos duele Guatemala” en Junio del 2015: “Necesitamos fortalecer la democracia que tenemos para hacerla más expresiva de la defensa del bien común y de la promoción de la dignidad humana, que garantice el imperio de la ley para todos los sectores sin exclusión. Necesitamos ciudadanos y funcionarios honestos, con conciencia ética y sentido de responsabilidad moral en el manejo de los asuntos públicos y privados.”
  3. El principio, según el cual, la soberanía radica en el pueblo, quien la delega, para su ejercicio, en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, es el principio básico del ordenamiento democrático y es moralmente válido. La soberanía nacional es un principio a defender, concierne a todos los ciudadanos y establece el criterio básico de considerar inaceptables las presiones que se ejerzan para querer imponer condiciones al país, desde actores internacionales o desde actores internos, que pretendan prevalecer sobre el bien común en base a intereses particulares o sectoriales.
  4. Las demandas legítimas y sensatas de los distintos sectores de la sociedad civil no encuentran espacios suficientes para priorizar, dirimir y establecer mecanismos de negociación que tengan al final el bien común como meta suprema. Creemos fundamental hacer viable lo justo y anhelado para una sociedad mejor. El bien común, que los hombres buscan y consiguen formando la comunidad social, es garantía del bien personal, familiar y asociativo.
  5. La Iglesia aprecia la democracia en sí misma, como instrumento que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica, guardando siempre la institucionalidad. Los artículos constitucionales (154-156) aluden a que los funcionarios públicos están sujetos a la ley, al servicio del Estado y no de partido político alguno. Los funcionarios públicos también tienen responsabilidad civil y criminal, por infracción a la ley, y no están obligados a cumplir órdenes ilegales que impliquen la comisión de un delito.
  6. La democracia es fundamentalmente un ordenamiento y, como tal, un instrumento y no un fin. Por ello, su carácter “moral” no es automático sino que depende de su conformidad con la ley moral. La autoridad debe reconocer, respetar y promover los valores humanos y morales esenciales, los cuales son innatos, derivan de la verdad misma del ser humano y expresan y tutelan la dignidad de la persona.
  7. La autoridad política se realiza dentro de los límites del orden moral para procurar el bien común, concebido dinámicamente, según el orden jurídico legítimamente establecido o por establecer (GS 74). El sujeto de dicha autoridad es el pueblo, considerado en su totalidad como titular de la soberanía. Sin embargo, el solo consenso popular, no es suficiente para considerar justas las modalidades del ejercicio de la autoridad política Los legisladores deben dejarse orientar por lo “moralmente válido” para el bien de la familia y de la persona humana.
  8. La lucha contra la corrupción es fundamental pero es necesario enmarcarla en los objetivos inmediatos de construcción de un proyecto de país que brota jurídicamente del proemio de la Constitución, en el que se afirma la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social; se reconoce a la familia como génesis primaria y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad y al Estado como responsable de la promoción del bien común.
  9. Los cambios constitucionales, para reformar el sector justicia, deben garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la unidad del Estado. El reconocimiento de mecanismos tradicionales y consuetudinarios para la resolución de conflictos que han existido debe dejar también claro cuáles serían los mecanismos de vinculación con el sistema judicial positivo. Tal reconocimiento no puede dar pie al desarrollo de dos sistemas de justicia paralelos.
  10. La situación socio-política que estamos viviendo es preocupante y nos afecta a todos los guatemaltecos. El Concilio Vaticano II enseña que “la paz no es la mera ausencia de la guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas adversarias, ni surge de una hegemonía despótica, sino con toda exactitud y propiedad se llama «obra de la justicia» (Is. 32,7)” (GS 78). No puede haber paz, si no hay justicia. La paz es un don de Dios y fruto del trabajo humano, especialmente de quienes nos gobiernan. San Pablo, en su primera carta a Timoteo, exhorta a “hacer oraciones, 3 plegarias y súplicas por todos los que nos gobiernan, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad” (1Tm 2,1-2). Estamos invitados a orar por los que nos gobiernan en virtud de que son servidores públicos que tienen la gran responsabilidad de promover el bien común y para ello necesitan la virtud de la prudencia.

Queremos una Guatemala distinta y nos comprometemos para que la verdad del Evangelio sea nuestra mayor contribución al cambio social y ético que como país necesitamos. Invocamos la intercesión de Santa María, Madre de Dios, a favor de nuestro país y pedimos a Dios que, su amor a Guatemala, nos impulse a todos a ver en el bien común el norte inequívoco para todas nuestras acciones.

+Domingo Buezo Leiva
Obispo Vicario Apostólico de Izabal
Secretario General Conferencia Episcopal de Guatemala

+ Rodolfo Valenzuela Núñez
Obispo de la Diócesis de La Verapaz
Presidente Conferencia Episcopal de Guatemala