Conferencia Episcopal de Guatemala
Hemos tenido conocimiento de que el día 3 de noviembre fue presentada ante el Congreso, por parte de la diputada Sandra Morán, una propuesta de Ley titulada: “Ley para la protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas”.
Tal título suena magnífico porque como Iglesia Católica propugnamos firmemente que las niñas y adolescentes, víctimas de abuso, explotación sexual y trata de personas, sean protegidas, tengan acceso a la justicia y que, de acuerdo a la legislación penal, se castigue con severidad a quienes hayan delinquido contra esas ellas.
Como Conferencia Episcopal de Guatemala condenamos enérgicamente todo tipo de violencia, incluyendo la violencia sexual de la que las niñas, niños y adolescentes también son víctimas.
En muchas ocasiones hemos dicho que como sociedad debemos esforzarnos más para prevenir ese tipo de delitos. Al mismo tiempo atender de modo inmediato y adecuado a quienes sufren las consecuencias de tales delitos y protegerlas más efectivamente de los agresores, muchas veces los propios padres de familia.
Lamentablemente, al analizar detenidamente dicha propuesta de Ley, descubrimos que en el fondo lo que se busca de modo avieso y solapado es introducir la legalización del aborto en el país contraviniendo el principio constitucional que el “Estado debe defender la vida humana desde su concepción”.
Afirmamos que la dignidad humana es un valor intrínseco, absoluto e inherente de la persona, aún apenas concebida, y que constituye el fundamento de los derechos humanos, entre los cuales. el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural ocupa el primer lugar. Por tanto, absolutamente nadie, ni siquiera el mismo Estado, pueden rescindir esta dignidad. En ella se fundamenta la moral y el derecho natural y por ende la justicia.
En este contexto consideramos que la aprobación legal de aborto, aún en el caso de una violación o abuso sexual, constituiría una negación del derecho a la vida y sería un claro retroceso en la promoción y defensa de tal derecho, claramente reconocido en la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 3, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, especialmente en el artículo 3 y 5, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), específicamente bajo el artículo 4.1.
Por todo ello creemos que la propuesta no constituye una respuesta humanizadora y civilizadora frente al drama que viven las menores, sino que, por el contrario, abre totalmente la puerta al aborto y a otras formas de violentar la dignidad humana en las distintas fases de desarrollo de la persona al mismo tiempo que, de modo contradictorio a lo que busca la mencionada ley, legitima una discriminación injusta hacia seres humanos indefensos que serían considerados descartables y cuya vida el Estado está llamado a garantizar y proteger. No matar deliberada y directamente al inocente es un absoluto moral cuyo reconocimiento y protección resulta imprescindible para la vida en comunidad.
Por otra parte no considerar al aborto una grave inmoralidad y un delito y aprobarlo legalmente no ha solucionado ni acabado con el abuso sexual ni ninguna forma de violencia en ningún país del mundo porque no combate la problemática social desde sus causas y en muchos casos perpetúa los ciclos de violencia sexual de la que está siendo objeto la víctima. Hace falta fortalecer la familia, la formación de valores, mejorar los sistemas de justicia y educación, promover un desarrollo integral que elimine la pobreza y las desigualdades sociales.
Aprobar el aborto en las niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual contribuye a promover otro tipo de violencia contra la mujer y el no nacido.
Reconocemos la presión de una cruel agenda abortista en la que lamentablemente Naciones Unidas juega un papel protagónico, alejándose por completo del espíritu y de la letra de la Declaraciòn Universal de los Derechos Humanos de 1948. El aborto implica una tortura para el no nacido y daña a la madre, física, emocional, psicológica y espiritualmente.
El Estado debe crear leyes justas y políticas públicas para garantizar la seguridad y el bienestar integral de las niñas y adolescentes y asegurarse que los culpables de tales abusos, y no el no nacido, completen su proceso ante la justicia y reciban todo el peso de la ley.
Por tanto, HACEMOS UN URGENTE LLAMADO:
- A los diputados del Congreso de la República e instituciones públicas a que prevalezca la defensa del derecho a la vida, protegido en nuestra legislación, a garantizar el combate eficaz de la violencia sexual desde sus causas, la asistencia médica, psicológica y jurídica para la víctima, el fortalecimiento de la justicia y soluciones dignas para un embarazo en dificultad.
- A no ceder ante las presiones de los organismos internacionales, especialmente Naciones Unidas, que atentan contra los valores de nuestras culturas, particularmente las de los pueblos indígenas,
- A la sociedad civil, en especial a los fieles de la Iglesia Católica, que recuerden que no puede haber mayor signo de identificación con Cristo que el amor a cada ser humano, nacido y por nacer, porque «Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó” (Génesis 1,27) y porque es la «única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma» (GS 24,3).
Proclamemos el amor infinito de Dios y la lucha contra la violencia sin violencia y acoger a ambas víctimas con el amor por el que reconocerán que somos discípulos de Cristo; defender la dignidad humana de cada uno se hace un imperativo cuando se es creyente.
Guatemala, 6 de noviembre de 2017
Conferencia Episcopal de Guatemala
